San Luis Potosí.– La detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí en territorio zacatecano desató una nueva controversia entre ambas entidades, luego de que se localizaran siete cuerpos sin vida en la zona limítrofe entre los dos estados.
Fuentes al interior de la Guardia Estatal potosina informaron que los cuerpos estaban ubicados en territorio de Zacatecas y que, al acudir a verificar el reporte, los agentes potosinos se internaron por error en aquella entidad. Según estas versiones, el ingreso ocurrió pese a un acuerdo firmado meses atrás entre los gobernadores para permitir acciones coordinadas, pero los uniformados no portaban un oficio de comisión, requisito que las autoridades zacatecanas exigieron para permitir su presencia.
Debido a esta falta administrativa, los elementos potosinos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad zacatecanas, indicaron las fuentes consultadas.
Sin embargo, la narrativa oficial de Zacatecas apunta en otra dirección. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, publicó en redes sociales un mensaje que dejó entrever que los elementos potosinos podrían estar relacionados con el hallazgo de los cuerpos.
“Hace unos momentos, la Secretaría de Seguridad Pública me informó que, al realizar actividades propias del operativo permanente Vigilante Nocturno, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas. A unos cuantos metros de distancia, fue localizado un vehículo con manchas hemáticas, a bordo del cual se encontraban cuatro probables responsables que fueron detenidos y que, presuntamente, serían elementos pertenecientes a la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí”, publicó el funcionario.
Reyes Mugüerza añadió que las cuatro personas ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, y que será la Mesa de Construcción de Paz la que ofrezca más detalles conforme avance el proceso.
Hasta el momento, el gobierno potosino no ha emitido una postura oficial sobre el incidente, mientras que crece la tensión entre ambas entidades por el manejo del caso y las posibles implicaciones políticas y de seguridad que podría acarrear.