San Luis Potosí, SLP.- La organización ciudadana, Cambio Por San Luis, rechaza enérgicamente que tanto el Congreso del Estado, como el propio Gobierno Estatal, pretendan nombrar a un Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción, bajo las mismas condiciones en las que se eligió a Jorge Vera Noyola, el cual estuvo carente de autonomía y por lo cual no se tuvieron resultados, ya que se considera que se busca nombrar un Fiscal a modo lo que no representaría ningún avance en materia de combate a la corrupción en San Luis Potosí.
Al respecto Michel Hernández Piña, Vocero de esta organización, recordó que la reciente renuncia de Vera Noyola evidencia el fracaso del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pues aunado a la falta de resultados se suman las constantes irregularidades e ilegalidades en la conformación y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC), señalado por encontrarse obstaculizado e intervenido por intereses ajenos a su función, tanto externa como internamente.
Ante esto dijo el organización ciudadana se opone a qué aspiren a este cargo personajes vinculados a partidos políticos o con trayectorias en puestos públicos “con dudosa reputación y de conducta incongruente”, como es el caso de la autopromoción de Jesús Sierra Acuña, actual miembro del CPC, quien ha sido señalado por obstaculizar el trabajo al interior del organismo, así como de ocupar dicho cargo honorario de forma ilegal.
Por todo lo anterior apuntó que la sociedad civil plantean las siguientes propuestas para garantizar un proceso más democrático e incluyente en la designación de dicho cargo; primero que haya autonomía, que el fiscal no dependa de la Fiscalía General del Estado, que tenga independencia financiera, así como de la clase política; segundo que el perfil sea netamente ciudadano y que no haya ocupado cargos dentro de la administración pública federal, estatal y municipal, en los últimos diez años, además de que no hay ocupado cargos de elección popular.
Tercero, la forma de designación, que ni el Gobernador ni el Congreso nombren la terna para designaral fiscal, que el Congreso únicamente debe lanzar la convocatoria a asociaciones civiles quienes postulen las personas que cubran cabalmente de perfil; y cuarto que la selección debe realizarse de manera colegiada, por el Colegio de Abogados, Colegio de Notarios, y otra Instituciones académicas de reconocida reputación, además que en ningún momento se presione o dirija la elección.