Jueves, 15 de abril del 2021

Pedimos proteger a maestros jubilados que han dado su vida por la Educación

  • marzo 6, 2021

San Luis Potosí, SLP. – El Congreso del Estado aprobó exhortar al Congreso de la Unión para que mediante un ejercicio de Parlamento Abierto, realicen el proceso legislativo que permita esclarecer que para los efectos de las prestaciones sociales que se otorgan en razón de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se deberá utilizar como medida de cálculo el salario mínimo y no la Unidad de Medida y Actualización.

El Punto de Acuerdo fue presentado por la diputada Martha Barajas García quien dijo que, el 17 de febrero del presente año la SCJN emitió una jurisprudencia por contradicción, en el que en su parte medular señala: que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE, deberá cuantificarse en Unidad de Medida y Actualización y no en salarios mínimos.

Barajas García dijo que, la resolución vulnera de manera determinante al trabajador, tanto al jubilado, como aquel que tenga la expectativa de hacerlo, así mismo, violenta lo establecido en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, en el cual señala que las pensiones deben tener como referencia el salario.

Explicó que la Ley del UMA fue creada en el 2016 para detener el deterioro del salario mínimo; para desvincularse de factores que nada tenían que ver con el trabajo o la seguridad social, como las multas o recargos. Es decir, fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos.

Finalmente dijo que ante este nuevo criterio jurisprudencial que afecta a miles de trabajadores que han dedicado su vida al servicio de las institucionales públicas, es que resulta pertinente que se inicie a la brevedad un proceso legislativo de parlamento abierto, que permita escuchar a todas las voces que puedan dotar al Poder Legislativo Federal, sobre los argumentos para que en la Ley quede precisada la unidad que deberá tomarse como referencia para el cálculo de la pensión, poniendo fin a toda controversia que se encamine en ese sentido.


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